Hermosillo, Sonora.— Integrantes del movimiento “Soy Papá No Criminal” marcharon este día en Hermosillo para exigir el derecho a convivir con sus hijas e hijos, en una movilización que reunió a cerca de 80 personas.
El contingente estuvo conformado principalmente por hombres, aunque también participaron mujeres, abuelas, niñas y niños. Durante la protesta, los asistentes denunciaron que enfrentan obstáculos legales y familiares que les impiden ver a sus hijos, aun cuando —aseguran— cumplen con sus obligaciones, como la pensión alimenticia.
Los manifestantes argumentaron que, en algunos casos, sus exparejas utilizan denuncias por violencia familiar o abuso sexual como mecanismos de presión o castigo. Sostienen que muchas de estas acusaciones son falsas y que, aunque no existe una sentencia firme en su contra, los procesos legales terminan afectando su derecho a la convivencia.
Asimismo, acusaron que el sistema de justicia tiende a favorecer a las mujeres en disputas familiares, lo que —señalan— los obliga a enfrentar procesos prolongados y costosos en tribunales.
Durante la marcha, se escucharon consignas como: “Tengo tres años sin ver a mi hija”, “Quiero ver a mis hijos” y “También tengo derecho a ver a mis nietos”, con las que visibilizaron casos individuales.
La movilización partió hacia el Poder Judicial y posteriormente se trasladó al Palacio de Gobierno, donde los participantes solicitaron ser atendidos por el gobernador para exponer sus demandas.
Ubaldo Valenzuela, vocero del movimiento, señaló que la exigencia central es garantizar el derecho de niñas y niños a convivir con ambos padres, así como agilizar los procesos familiares y penales que actualmente —afirmó— dificultan este contacto.
Por su parte, Misael David Beltrán Martínez compartió su caso, en el que enfrentó un proceso penal que ya fue concluido, pero —según indicó— actualmente la madre de sus hijos incumple el convenio establecido y le impide verlos.
Los manifestantes insistieron en que su lucha se centra en el interés superior de la niñez y en la necesidad de que las autoridades revisen los procedimientos legales para evitar que se vulneren los derechos de convivencia familiar.
